La Ley de Segunda Oportunidad permite a cualquier persona, empresario o no, poder negociar el pago de su deuda con sus acreedores.

Entró en vigor en 2015 con el objetivo de ofrecer una alternativa legal para aquellos que se encuentran en una situación económica difícil, permitiéndoles reestructurar o incluso cancelar total o parcialmente sus deudas bajo ciertas condiciones.

La ley, por tanto, busca ofrecer una salida digna y legal a personas y profesionales que, pese a haber actuado de buena fe, no pueden cumplir con sus obligaciones económicas, dándoles la posibilidad de recomenzar su vida financiera y personal.

Personas físicas que han acumulado deudas, por ejemplo, por préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito, entre otros, y no tienen los medios económicos para pagar esas obligaciones.

Trabajadores por cuenta propia que han fracasado en sus negocios y, como consecuencia, han acumulado deudas que no pueden afrontar. Esta ley les ofrece la posibilidad de reestructurar sus deudas y, en casos extremos, de exonerarlas para poder empezar de nuevo sin estar asfixiados por las deudas.

La ley está diseñada para aquellos que han llegado a una situación de insolvencia sin intención fraudulenta. Es decir, está destinada a quienes han intentado cumplir con sus obligaciones, pero se ven imposibilitados de hacerlo por circunstancias sobrevenidas, como la pérdida de empleo, un descenso en los ingresos, o problemas de salud, entre otros.